- El diputado de Ciudadanos (Cs) por Sevilla en el Congreso, Pablo Cambronero, advierte que “esta decisión aumenta el riesgo para la integridad física de los funcionarios de prisiones” para quienes “volvemos a pedir el reconocimiento como agentes de la autoridad”
Sevilla, lunes 25 de mayo de 2020. El diputado de Ciudadanos (Cs) por Sevilla en el Congreso de los Diputados, Pablo Cambronero, ha registrado una pregunta con ruego de respuesta escrita por la que “pedimos al Gobierno que explique los motivos por los que se ha anulado una orden de servicio que dictaba medidas especiales de seguridad para los presos más peligrosos”, así como “que nos expliquen qué alternativas se plantean para garantizar la adecuada convivencia en las prisiones”.
Cambronero ha explicado que la orden anulada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de 2016, establecía medidas de seguridad específicas y justificaba la adoptación “innovadora” del uso de los grilletes para el control de los internos calificados de peligrosidad extrema que hubiesen protagonizado incidentes de carácter muy grave al atentar, directa y gravemente, contra la integridad física de aquellas personas que se encuentran destinadas y/o desarrollando su labor profesional en los Centros Penitenciarios y, que en algunas ocasiones, han provocado lesiones muy graves e incluso la muerte a algunas de éstas.
El diputado nacional de Cs aclara también que la orden anulada dicta que el posible engrilletamiento sólo se circunscribe a las salidas fuera del departamento para acudir a enfermería, diligencias, hospital, comunicaciones, conducciones, etc. o dentro del departamento solamente si no puede ser controlado a distancia por medio del uso de las diferentes puertas eléctricas en esclusa sin presencia directa de los funcionarios, y siguiendo los principios de necesidad y proporcionalidad, por el tiempo imprescindible para garantizar la seguridad en el desplazamiento, “las mismas de seguridad que usan proporcionada y legalmente las fuerzas y cuerpos del seguridad del Estado para la conducción y custodia de detenidos y presos en sus salidas de prisión”, ha puntualizado.
Cambronero ha advertido que eliminar esas medidas y el no reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, “aspecto que debería ser ya un hecho” –subraya–, “debilita la convivencia pacífica en los centros penitenciarios” en lo que “la conflictividad sigue aumentando mientras la autoridad competente mira a otro lado”.
Por todo ello, Cambronero ha registrado una pregunta en el Congreso para que el Gobierno explique las razones de esta decisión y “lo medios alternativos que piensan habilitar para que los funcionarios de prisiones puedan garantizar tanto su seguridad como la del resto de reclusos”.