Desde Ciudadanos denuncian “el miedo e inseguridad que viven los vecinos mientras el gobierno mira hacia otro lado” y reclaman que el Pleno “apoye cambios legislativos y ponga en marcha un punto centralizado de atención vecinal que recoja denuncias confidenciales, proteja y asesore a los sevillanos afectados”
Javier Millán, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, ha reclamado hoy que el gobierno “actúe contra el problema de la ocupación ilegal en Sevilla donde existen ‘narcopisos’ y trata de personas”.
Millán ha indicado que “es hora de reconocer un problema que está afectando gravemente a muchos sevillanos”, explicando que desde 2011 se han triplicado los delitos de ocupación en las grandes capitales, algo que ocurre “mientras los Ayuntamientos miran hacia otro lado”.
El portavoz naranja ha afirmado que “en Ciudadanos estamos especialmente preocupados por la creciente ocupación ilegal, que muchos vecinos, por miedo, sufren sin denunciar”, un fenómeno que “genera problemas de convivencia vecinal y de seguridad, ante los que el Ayuntamiento no puede permanecer impasible y debe asumir responsabilidades”.
Millán ha explicado la propuesta que en primer lugar reclama que el Pleno apoye de forma expresa la modificación legislativa que está ya en el Congreso de los Diputados para “acelerar y facilitar el proceso para que el propietario que está afectado por una ocupación ilegal pueda recuperar su vivienda en el menor tiempo posible”.
Igualmente se pretende que el Ayuntamiento manifieste su apoyo a la proposición presentada por Ciudadanos en el Congreso para “modificar la ley permitiendo que los ayuntamientos o Comunidades autónomas, previo acuerdo con el propietario, puedan ejercer las acciones judiciales para recuperar esa vivienda usurpada ilegalmente” y, en su caso, “puedan ser destinadas posteriormente a alquiler social”, ha apostillado Millán.
Y, por último, Millán ha expuesto que el Ayuntamiento debe poner en marcha un Plan de Reacción y Protección Vecinal “donde los vecinos afectados por la ocupación ilegal puedan realizar denuncias de forma confidencial y sean protegidos y asesorados jurídicamente”, todo con el fin de “acabar con esta lacra para la convivencia, que en casos además se vincula a otro fenómeno como los ‘narcopisos’ e incluso la trata de personas”.