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Ciudadanos entiende que su elección es “nula de pleno derecho” por no cumplir los requisitos
El juzgado de lo Contencioso-administrativo número 5 de Sevilla ha fijado para el próximo 9 de mayo la celebración de la vista por el recurso presentado por Ciudadanos contra el nombramiento del ex concejal socialista Blas Ballesteros como nuevo gerente del Consorcio Provincial de Aguas, una designación que esta formación considera que es “nula de pleno derecho, al no cumplir los requisitos exigidos” en la convocatoria oficial del puesto y reclama que se revoque dicha contratación, declarando “desierta” la convocatoria de la plaza de gerente y se promueva un nuevo procedimiento.
El juzgado ha señalado la celebración de esa vista para el 9 de mayo, después de que el vicepresidente del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla no admitiera el recurso de reposición presentado por Ciudadanos contra la resolución por la que nombraba gerente a Blas Ballesteros. Ciudadanos ha pedido al juez que cite a esta vista al ex concejal socialista y a un miembro de la junta general del consorcio.
La formación quiere interrogar a Blas Ballesteros “para que aclare en vía judicial si tiene o no la condición de funcionario y poner luz sobre este asunto, con el objetivo de que no se vuelvan a producir este tipo de actuaciones y de luchar contra el amiguismo socialista en la Diputación de Sevilla”, aseguró ayer a este periódico el portavoz de Ciudadanos en la Corporación provincial y portavoz en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán.
Ciudadanos había alegado en el recurso que las bases de la convocatoria, según el reglamento orgánico de la Diputación de Sevilla, requiere que el nombramiento del personal directivo de la Corporación debe efectuarse entre “funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas, de la entidades locales o funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional”. Excepcionalmente, según el reglamento, el presidente puede incluir como requisito que el candidato tenga la condición de personal laboral fijo de las administraciones públicas en puestos que requieran titulación superior o con contrato de alta dirección, o bien se trate de un profesional del sector empresarial público o privado, titulado superior, “con experiencia en funciones directivas o gerenciales”.
Ciudadanos recuerda que Ballesteros no ostenta la condición de funcionario, un requisito de acceso exigido en la convocatoria” y añadía que la valoración de los méritos del ex concejal “no es conforme a derecho y reafirma la nulidad absoluta del nombramiento”.
Por su parte, un informe elaborado por el secretario general del Consorcio Provincial de Aguas avala la legalidad de la contratación de Blas Ballesteros. El vicepresidente del Consorcio de Aguas, Joaquín Fernández Garro, reiteró en su día que la contratación se “ajustó a derecho”.
Según la Diputación, “el fedatario público se ha ratificado con contundencia en los aspectos jurídicos y formales, que concluyeron con el procedimiento de la convocatoria, reafirmándose en la legalidad íntegra” del mismo. El informe concluye que la “interpretación de los requisitos de la base segunda de la convocatoria es adecuada a los criterios dados por el artículo 3 del Código Civil, a la regulación del ROP, a lo deliberado y acordado por la junta general de 27 de abril, y a lo pretendido por el artículo 32 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local”.
El vicepresidente se refirió a la decisión de Ciudadanos de emprender la vía contencioso-administrativa. “No termino de comprender cómo no exponen sus argumentos en los órganos del Consorcio como la junta general del 27 de abril, en la que se aprobaron las bases para la contratación de un gerente”, aseguró Fernández Garro.
Según el informe del secretario, “la realidad ha sido totalmente distorsionada y el propósito para dotar a esta selección de unos requisitos de mérito, de la necesaria publicidad y la debida concurrencia presente en el artículo 32 bis de la ley reguladora de bases del régimen local se ha focalizado contumazmente en la exigencia de un requisito como exclusivo y excluyente”.
El vicepresidente del Consorcio subrayó que en la junta general que aprobó las bases de la convocatoria “se explicó y dio cuenta de la apertura del procedimiento a todo licenciado en Derecho, con el objetivo de dotar a la convocatoria de una mayor concurrencia”.
En la Junta General Extraordinaria del Consorcio del pasado 19 de octubre, en la que se dio cuenta de la designación de Blas Ballesteros para el citado puesto y se votó la aprobación del acta, los representantes de Ciudadanos solicitaron la dimisión del vicepresidente del organismo, el socialista Joaquín Fernández Garro, alcalde de Umbrete, al entender que se había producido “un cúmulo de irregularidades, faltas a la verdad y nula transparencia”.
De la misma forma, este partido señaló que se trata de un organismo con 390.000 euros de presupuesto “pagado por todos los sevillanos” que dedica el 90% a gasto de personal y destina a inversiones un “ridículo 0,85% de este dinero, lo que supone tan sólo 3.300 euros”, concluye Millán.