A continuación, compartimos la noticia publicada hoy en ‘Andalucía Información’
El portavoz municipal de Ciudadanos presentará hoy en el registro municipal sus alegaciones contra la disminución de las 845 plazas de zona azul por el procedimiento escogido por el Gobierno de Juan Espadas, que consideran de “dudosa legalidad”, la misma que los socialistas atribuyeron al anterior Gobierno del PP. Cuestionan que se realizara mediante resolución-decreto, intentando modificar de facto una ordenanza municipal sin la intervención del pleno e incumpliendo un acuerdo plenario.
C’s recuerda que su grupo siempre ha manifestado la necesidad de reducir las zonas afectadas por la zona azul, extremo que le llevó a presentar una moción de reducción del 10% de las plazas en la ordenanza y la modificación del contrato con Aussa, que recibió el respaldo del pleno.
Sin embargo, expone el grupo que lidera Javier Millán, utilizar una resolución-decreto del delegado de Movilidad y no a través de la ordenanza es “de dudosa legalidad”, ya que “las zonas afectadas por la rotación forman parte del hecho imponible de la tasa, y deben ser reguladas junto a la ordenanza fiscal, y no cabe admitir que hayan sido recogidas en una resolución posterior”, por lo que se incumple las leyes Reguladora de las Haciendas Locales y General Tributaria.
Apuntan además que el trámite de audiencia a los vecinos es diferente según el procedimiento, de 20 para las resoluciones y de 30 para las ordenanzas, mientras que se está pretendiendo una modificación parcial de la ordenanza fiscal sin seguir el procedimental correcto, es decir, sin la intervención del pleno.
Recuerda en este punto C’s la incongruencia de la postura del PSOE con respecto a sus alegaciones contra la ampliación de la zona azul realizada por el Gobierno de Juan Ignacio Zoido, al que criticaba precisamente los dos aspectos anteriores.
Añaden que ni se ha elaborado “informe técnico alguno que justifique mínimamente la medida a adoptar, o al menos no se ha facilitado, y de hecho, solo se abre un periodo de información pública para que se alegue por los afectados o interesados, sin posibilidad de que los mismos comprueben la documentación e informes de los técnicos municipales que motivan la decisión que se quiere tomar”.
Carmen del Toro / Andalucía Información