• El grupo provincial de Cs en la Diputación sevillana planteará en la sesión plenaria del próximo jueves una rebaja fiscal “de verdad” en relación a los combustibles y la electricidad, así como el ajuste del IRPF a la inflación que permita “que las familias no sigan perdiendo poder adquisitivo”

 

Sevilla, lunes 28 de marzo de 2022. El grupo provincial de Ciudadanos (Cs) elevará este jueves al Pleno de la Diputación de Sevilla una propuesta de acuerdo para que desde el ente provincial se inste al Gobierno Central a reducir la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con el fin de ajustar los tramos de la escala de dicho impuesto a la evolución de la inflación y a la capacidad económica real de los contribuyentes. En el mismo sentido la propuesta de acuerdo insta al Gobierno de la Nación a aplicar, de manera urgente y durante un periodo de seis meses, una reducción del tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido de la factura eléctrica, de los carburantes y del gas natural del tipo general del 21% al tipo superreducido del 4%.

 

Según el grupo naranja de la Diputación Provincial, hay que poner solución a los problemas ocasionados en las cadenas de producción globales, la escasez de ciertos suministros y la preocupante evolución del coste de la energía, que han ido empujando el Índice de Precios de Consumo (IPC) al alza hasta sobrepasar el  6% interanual, unas cifras que España no sufría desde hace tres décadas.  El precio medio de la electricidad se sitúa en 340,43 euros/MWh, más de 100 euros por encima que la media registrada en diciembre pasado. Y a su vez, el precio de la luz está condicionado por el precio del gas, que está desbocado en los últimos tiempos,  así como el petróleo que ha entrado igualmente en la misma dinámica alcista que el resto de las fuentes de energía y ha encarecido de forma alarmante el combustible en nuestro país.

 

Según la portavoz del grupo liberal en la Diputación sevillana, Carmen Santa María, “este nivel de inflación está castigando con mayor severidad a los ciudadanos con menos capacidad económica”  al suponerles, en términos relativos, una mayor pérdida de poder adquisitivo.  Así, aquellos hogares cuyos ingresos nominales les permiten vivir solo de manera muy ajustada, “ante una inflación sostenida no acompañada de incrementos análogos en sus ingresos, se ven abocados a situaciones de pobreza relativa”.

 

Según Santa María, “no hacer ese ajuste de las tarifas del IRPF no solo va en contra de la economía española sino de la propia Constitución, ya que en nuestro país el sistema tributario debe atender al principio de capacidad económica entendiendo que un aumento de impuestos al contribuyente solo puede ser sostenido tras un aumento de sus ingresos, hecho que a día de hoy no se está produciendo”.