• La portavoz provincial de Cs, Carmen Santa María, defiende la “necesidad de hacer la institución más accesible a toda la población y eso incluye utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance para que las personas sordociegas también entiendan los debates y acuerdos que se producen en el seno de la Diputación”

Sevilla, martes 28 de septiembre de 2021. “Como partido liberal que somos, en Ciudadanos defendemos la libertad y la igualdad de todos españoles, y por tanto también el derecho de participación política de las personas con discapacidad”, así ha defendido la portavoz de Cs en la Diputación provincial de Sevilla, Carmen Santa María, la moción que su grupo defenderá este jueves en el pleno en la que propone que dichas sesiones cuenten con un intérprete de lengua de signos que facilite a las personas sordociegas la comprensión de los debates y el conocimiento de los acuerdos que allí se adoptan.

Según expone la portavoz naranja en el texto registrado, “no podemos concebir que en los tiempos actuales personas discapacitadas no puedan tener una participación plena y efectiva en el ámbito político, si se ven imposibilitadas del conocimiento pleno de lo que ocurre en esta institución” y es por ello por lo que defiende que “el uso en esta administración del lenguaje de signos en sus sesiones plenarias ha de ser un fiel reflejo del convencimiento general de que la integración de estas personas en el conocimiento de las noticias y debates que se generan en la misma es sinónimo de integración social”.

Además de la interpretación de las sesiones en lengua de signos, la moción del grupo liberal recoge también la necesidad de emplear los “medios de apoyo a la comunicación oral y la subtitulación”, tanto en las sesiones plenarias de carácter público, como en todas aquellas que se consideren de interés general “con el objetivo final de hacer de nuestra Diputación una institución plenamente accesible a todos los sevillanos”.

Santa María ha subrayado que “con este tipo de iniciativas lo que hacemos es dar cumplimiento a aquellos derechos que reconoce la Constitución, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la igualdad de las personas y de los grupos en que éstas se integren sean reales y efectivas, debiendo remover todos los obstáculos que dificulten la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social de forma real y efectiva”.