• El portavoz adjunto de Cs en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Aumesquet, considera que “Sevilla necesita un texto normativo que sea más inclusivo, menos restrictivo y abierto a las futuras modificaciones estatales”

Sevilla, miércoles 16 de diciembre de 2020. El portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Aumesquet, ha anunciado este miércoles que su grupo municipal elevará una moción al Pleno de este jueves para “iniciar los trámites oportunos que permitan la elaboración de una nueva ordenanza” que “armonice e integre todas las realidades de la movilidad sostenible en nuestra ciudad”. En este sentido, ha añadido que este texto normativo persigue el objetivo de “aglutinar los diferentes usos de las vías y espacios públicos, la seguridad vial, la accesibilidad universal y los derechos de las personas con movilidad reducida, la mejora de la calidad del aire o la protección del patrimonio en un único documento”, de modo que “se regule de un modo integral la movilidad en la ciudad y se actualicen las normas vigentes, algunas de ellas obsoletas”, ha indicado.

Aumesquet ha advertido de que la aprobación del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de la ciudad, que “será una realidad en un plazo máximo de seis meses” gracias al acuerdo presupuestario alcanzado entre el grupo municipal de Ciudadanos y el equipo de gobierno del PSOE, supone “un aliciente para acabar con la dispersión normativa vigente”, que ha provocado que “se hayan tenido que aprobar modificaciones de la Ordenanza de Circulación por la llegada a la ciudad de nuevas realidades de movilidad sostenible”, como por ejemplo “el caso concreto de los vehículos de movilidad personal”. Por ello, “consideramos que esta nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible que elevamos al Pleno debe recoger en su desarrollo las principales directrices que incluye el PMUS para nuestra ciudad”, ha señalado.

El portavoz adjunto de la formación naranja en el Consistorio hispalense ha explicado que esta nueva ordenanza debería contemplar “varios aspectos que son clave para dar amparo a todas las realidades de la movilidad en Sevilla”. Así, la propuesta reclama la inclusión de normas generales y de seguridad vial para regular la convivencia de las personas y los distintos vehículos en las vías y espacios públicos, velando especialmente por la protección y seguridad de los peatones, y prestando especial protección a determinados colectivos, como las personas con movilidad reducida, y en los entornos de colegios, hospitales, centros sanitarios y de mayores. Además, propone la ordenación general del tráfico, abordando la clasificación del viario y los límites de velocidad, o el impulso de la movilidad ciclista y de otros Vehículos de Movilidad Personal, previendo estacionamientos junto a las áreas intermodales, centros de trabajo, estudios y grandes zonas de atracción.

De igual modo, apuesta por recoger las realidades de los servicios de movilidad compartida, “regulando las características de los mismos y garantizando su adecuada convivencia”, del transporte público colectivo, “con régimen de prioridad para el transporte público urbano”, de las motos y ciclomotores, de modo que “se regule su circulación y estacionamiento”, así como de “las normas comunes sobre el uso y servicio de los aparcamientos municipales destinados a uso residencial, rotacional y mixto”. Además, la ordenanza debe incluir una normativa sobre el servicio de estacionamiento regulado en superficie, normas específicas que protejan a las personas con movilidad reducida, disposiciones generales y normativa para las operaciones de carga y descarga y un régimen sancionador de la disciplina viaria.

Aumesquet ha señalado que, de forma paralela al inicio de los trámites de esta ordenanza, la propuesta plantea “una modificación de la actual Ordenanza de Circulación, con la adecuada participación de la ciudadanía, para adaptarla a las últimas directrices aprobadas recientemente por el Consejo de Ministros” y que, entre otros aspectos, indica que “todas las normas de igual o inferior rango que se opongan al Real Decreto quedarán derogadas a partir del 2 de enero de 2021”. Así, ha añadido que “es el momento de poner en marcha un proceso de revisión para la ciudad cuente con un texto que sea más inclusivo, menos restrictivo y abierto a las futuras modificaciones que se apliquen desde la DGT”. De este modo, “evitaremos que la norma quede de nuevo obsoleta cuando haya nuevas directrices” y “alcanzaríamos el consenso entre usuarios, empresas y entidades de movilidad que no existió durante el proceso inicial de aprobación de la ordenanza”, ha concluido.